Cambiar la legislación deportiva para asegurar el futuro de la especie humana

La concepción moderna y europea del deporte no se reduce sólo a la actividad federada que, en la sociedad actual, representa un porcentaje pequeño de la práctica deportiva general. Además, esta concepción constituye la base teórica de que “el cuerpo en movimiento” requiere un tratamiento adecuado en el marco del sistema educativo. La asignatura de Educación Física, como el Deporte Escolar, deben concebirse como una práctica de interés público por sus efectos educativos y saludables.



Se debe tener presente que los diferentes poderes públicos ejercen competencias en materia deportiva y muchas veces el ejercicio de estas funciones se solapan, por no estar bien delimitadas las funciones de cada uno. Entendemos que la legislación deportiva estatal y autonómica deben concretar con más claridad estas funciones, además de prever el uso de las herramientas de colaboración, cooperación y coordinación que ya prevé determinada legislación sectorial, sobre todo para evitar el uso partidario del deporte o el despilfarro de los recursos públicos.

Hace tiempo que se viene hablando de una nueva ley estatal del deporte que sustituya a la vigente y vetusta ley 10/1990, de 15 de octubre que, este año 2020, celebra su 30º aniversario. Aprobar una nueva ley del deporte que dé respuesta a las necesidades y demandas del deporte español, supone el desafío más importante que tiene por delante nuestro sistema deportivo. Entre otros retos de la ordenación jurídica del deporte en el ámbito estatal, está la reforma del modelo federado, la diversificación real del asociacionismo deportivo, la separación del deporte aficionado y profesional, la reformulación del papel del Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Español, etc. 

Por otro lado, es cierto que un cambio profundo del sistema deportivo en España no se puede realizar únicamente a partir de una nueva legislación deportiva estatal, sino que se precisa del compromiso de las Comunidades Autónomas para que realicen una ordenación jurídica en su ámbito territorial, que permita lograr un modelo deportivo cohesionado y que responda a los intereses del deporte, en sus diversas realidades y manifestaciones. Obviamente, esto sin menoscabo de los aspectos normativos que puedan tener que ser distintos por lógicas razones diferenciales del propio hecho autonómico.

Que a nadie le parezca exagerado el titular de este editorial. Ha llegado la hora de que los poderes públicos asuman el compromiso con el nuevo derecho vital a movernos, concibiendo la actividad física y el deporte como un medio de prevención de la salud que debe estar presente desde las edades más tempranas hasta la vejez, y que supone el mejor freno a la creciente pandemia de sobrepeso y obesidad. Este derecho, además de otros factores, está condicionado por un nuevo urbanismo que debe estar pensado para el movimiento de las personas y, también, por la protección de los espacios naturales.



Finalmente, afirmar que no se puede hablar y defender solo el “medio ambiente externo” representado por nuestro planeta y sus recursos, relegando el cuidado del “medio ambiente interno” que es nuestro cuerpo y su motricidad. El deporte en su concepción más amplia y actual de ejercicio, actividad física y deportiva, además de un derecho de la ciudadanía, hace tiempo que se ha convertido en una necesidad urgente e inaplazable para el futuro de la especie humana.