Durante más de 150 años se han utilizado fórmulas de colaboración público-privadas y que han hecho posible la realización de grandes infraestructuras, tales como aeropuertos, autovías y autopistas y puertos, básicamente a través de concesiones.

Roberto Ramos, CEO de BeOne/Serviocio y autor de este artículo

La disponibilidad de un marco normativo adecuado en España, desde hace décadas, sin duda ha sido uno de los factores que más ha influido en el desarrollo de un sector de promotores de concesiones potente y extraordinariamente competitivo. La longitud de las autopistas de peaje actualmente en servicio en España supera los 3.500 km y si se incluyen las que ya están licitadas o en fase de ejecución, la cifra supera ampliamente los 4.000 km, lo que supone más del 25% de la red española de carreteras de alta capacidad, responsabilidad del Estado y Administraciones territoriales.

Las licitaciones de autopistas fueron el detonante de la inclusión de garantías recíprocas en este tipo de contratos (garantizando que la Administración Pública contratante se hiciese cargo de pago de la inversión no amortizada en caso necesario: rescisión del contrato, etc..) y que esto garantizara la devolución de la financiación. Esto fue impuesto en su momento por el Banco Mundial. Derecho que se pierde en el 2015 y solo se mantiene en caso de que la administración contratante sea la responsable.

A partir de los años 90 se desdibuja el concepto y se convierte en un mero asunto de financiación de las administraciones públicas para esquivar las limitaciones impuestas por el tratado de Maastricht (entró en vigor en noviembre de 1993).

Ha habido también grandes fracasos como el de las autopistas radiales de Madrid, que el estado estima supondrá una factura de 2.000 millones de euros para rescatar dichas autopistas quebradas. Aunque según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros (inversión pendiente de amortizar), a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.

Tras la crisis del 2008 se doblaron las cifras de licitaciones impulsado por el Plan E (año 2009), con sus luces y sus sombras como motor para activar la economía en España.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge en el art.214 (cesión de contratos) el derecho de “steping”: derecho a los financiadores a subrogarse en la posición del concesionario o traer un tercero para sustituirlo, importa arma para defender el servicio público y velar por los intereses de los ciudadanos.

¿Pero, básicamente qué es una concesión administrativa?

Se trata de un contrato entre una empresa privada y una Administración Pública que se adjudica mediante una licitación pública bajo el amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la Ley de Contratos del Sector Público. Existen diferentes figuras de contratación en función del objeto del contrato.

El concesionario podrá ser retribuido, bien por la utilización de la obra (directamente por el usuario o por la Administración), bien por la explotación comercial, o bien por otras aportaciones de la propia Administración que, en su caso, pudieran establecerse. El derecho de explotación deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en dicha explotación abarcando el riesgo de demanda o de suministro, o ambos.

Mediante esta fórmula, se introducen criterios de mercado en todo el proceso inversor, desde la selección de los proyectos o la propia concepción de la obra, hasta su construcción y posterior explotación. Además:

- Se amplían las posibles fuentes de financiación y construcción de las obras públicas, aliviando la carga que históricamente ha gravitado sobre los presupuestos públicos, lo que puede permitir desplegar esfuerzos en un mayor número de proyectos y en un menor período de tiempo, sin disminuir, por ello, la dedicación a otras necesidades de gasto público.
- Se mantiene la capacidad planificadora en cuanto a la toma de decisiones por parte del sector público y se potencian enormemente sus posibilidades de actuación, incorporando en su caso iniciativas particulares que de otra manera no podrían aflorar.
- La capacidad innovadora del sector privado impulsa una mejora de la eficiencia del sistema de gestión con rentabilidad social suficiente.
- Se promueve una provisión de servicios de mayor calidad a los usuarios, a través de unas infraestructuras con mayor nivel de prestaciones, mejor conservadas y gestionadas.
- No obstante, estas ventajas frente a la solución tradicional, la figura concesional puede presentar también algunos inconvenientes, como son una cierta pérdida de control público sobre la gestión de la infraestructura, el riesgo de quiebra de la sociedad concesionaria, con lo que ello comporta en un servicio de interés general.

Los pilares sobre los que se basa la Ley de Contratos del Sector Público son:

- Integridad
- Eficiencia
- Transparencia
- La contratación pública como estrategia
- Nueva potenciación de la simplificación administrativa
- La contratación electrónica
- Innovación
- Apoyo a las PYMES

Y todo esto está muy bien planteado pero la realidad es que hoy en día se prima más el rendimiento económico del centro para la administración (cánones muy elevados) frente a que ese dinero se destine a un mejor servicio a prestar y de mayor calidad. Se debería de regular que lo que se genere de beneficios para al AA.PP. el centro deportivo, se destine a la mejora del deporte local de los colectivos más desfavorecidos. O tal vez en vez de un canon, que se pida a la empresa que reinvierta “x” dinero en facilitar la práctica deportiva a los colectivos con menos recursos, o cuestiones similares. También se detectan estudios de viabilidad poco consistentes y el problema de las bajas temerarias del que hablaré luego.

Los motivos para la colaboración publico privada en la gestión de las instalaciones deportivas son varios:

- La mayor demanda y la necesidad de ofrecer un servicio más profesional hicieron evolucionar el modelo deportivo municipal clásico hacia las concesiones administrativas, externalizando primero la contratación de personal deportivo, para posteriormente conceder la gestión del complejo y, finalmente, no sólo la explotación, sino también la construcción. De este modo, el sector privado ha ido creciendo gracias a una modelo rara avis en Europa.
- El modelo concesional español ha logrado mejorar la participación ciudadana a unos niveles y en un período de tiempo tan corto que está siendo caso de estudio y modelo por muchos países. Esto no hubiese sido posible sin la colaboración público-privada.
- El éxito del modelo a veces hace perder el foco de la administración en los colectivos desfavorecidos, dedicando recursos a las poblaciones que ya tienen oferta y dejando de dedicar recursos a las poblaciones que no la tienen y/o quedan excluidas. Urge un plan de integración deportiva para adolescentes, personas mayores y personas con factores de riesgo en los que el ejercicio físico es el PRINCIPAL medio de cuidado y recuperación.
- Pérdida del foco de algunas AA.PP.: Cambio de “rutina” en 25 años: de pujar por el servicio público a todo por el canon.
- Han sucedido casos de sobresaturación de instalaciones en una población llevando a la quiebra a todos los operadores: Parla, Granada, Oviedo…

Las concesiones administrativas de obras y servicios en el sector deportivo, utilizadas ya por la mayoría de los ayuntamientos españoles en las ciudades medias y grandes son uno de los instrumentos que permitir favorecer la convergencia de los intereses de todos: sector público, sector asociativo, sector empresarial y sector educativo.

- Un sector público –municipal, especialmente- muy desarrollado –en exceso, quizá-, muy endeudado, ineficaz en muchos aspectos e ineficiente en casi todos.
- Un sector asociativo deportivo todavía poco maduro, y, en aquellas entidades con grandes servicios e instalaciones, con una difícil cohabitación entre la gestión aficionada (a veces pasional) del club o federación, con la gestión profesional.
- Un sector empresarial comercial muy pujante, asociado a la demanda de servicios de actividad física y deportiva de calidad, pero pasando una época difícil por una reducción del consumo a todos los niveles y una ralentización en los nuevos proyectos.
- Un sector educativo con grandes limitaciones en la educación física – donde no se están consiguiendo los objetivos de calidad que todos pretendíamos – y con una oferta de actividades y servicios dispersa y, en ocasiones, desligada completamente del resto del sistema deportivo.

Pero hagamos un poco de historia...

De 1976 a 1995 no paran de crecer los espacios e instalaciones deportivas en España, pasando de 48.723 a 66.352 equipamientos. Pasando en el 2005 a 79.059
El primer boom de concesiones administrativas tuvo lugar en Cataluña (60 instalaciones tras los JJOO de Barcelona) y a partir de ahí podemos hablar de tres modelos, que finalmente han convergido:

- Modelo Catalán (se inicia a finales de los 80… pero la historia todavía comienza antes):
La construcción del complejo "Piscinas y Deportes" de Barcelona (hoy "DiR Diagonal”, Concesión Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona) se realiza en 1935. Se construyó un enorme complejo deportivo que incluía un campo de béisbol, una pista de patinaje, un campo de golf y un gimnasio. Se bautizó con el nombre de Piscinas & Sports (con la conjunción y deportes a la inglesa a causa de la moda). Lo más llamativo era su espectacular piscina, ubicada en medio del recinto.

Piscinas y Deportes, durante la Guerra Civil, se convirtió en centro de reclutamiento y, durante la dictadura, recuperó su función como centro privado deportivo, denominado entonces "Piscinas y Deportes”. En este momento, el complejo deportivo se privatiza (no el suelo) y pasa a ser gestionado por la empresa "Atracciones Sarriá S.A." con el nombre oficial de Piscinas y Deportes. Este es un dato de los que pudiera ser entendido como formato de concesión administrativa. En junio de 1944, se disputa el primer Campeonato de España de Hockey Patines con la victoria del RCD Español, equipo donde jugaba Juan Antonio Samaranch. Más tarde, éste, fue procurador en Cortes durante el régimen franquista y ocupó los cargos de Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Barcelona (1955-1962); en este momento es cuando Juan Antonio Samaranch formalizará la concesión administrativa tal y como la entendemos hoy).

- Modelo Madrileño (se basa inicialmente en prestaciones de servicio. Con Ruiz Gallardón y Ana Botella gira al modelo catalán).

- Modelo Gallego (modelo fraguado en gestión de instalaciones acuáticas, y que también evoluciona a centros multideportivos ya contratos de construcción y gestión).

En cuanto al fitness y la colaboración público-privada debemos destacar su relevancia en el total del mercado del sector:

- 550 M de facturación (ronda el 25% del mercado).
- Las 23 principales cadenas concesionales aglutinan 1,39 millones de abonados (1,27 millones en el 2019, subida de un 9,82%).
- El Top-5 de las enseñas copa el 65% del total de abonados (del sector concesional).
- De las 23 principales cadenas con gimnasios concesionales que operan en España sólo 2 superan los 200.000 abonados. Son las cadenas GO Fit y Forus. Junto a éstas sólo otras dos operadoras, Supera y BeOne/Serviocio, rebasan los 100.000 abonados. Entre GO Fit, Supera, BeOne/Serviocio y Forus casi alcanzan el millón de abonados.
- Contabilizando exclusivamente los centros que actualmente tienen operativos en España las 23 cadenas con instalaciones concesionales, éstas alcanzan los 240 establecimientos (229 en el 2019, 4,80% más). Aquel operador que actualmente gestiona más es Forus con 36 centros, seguido de BeOne/Serviocio con 33 centros.
- Los 131 establecimientos que reúne el top-5 en este aspecto supondría el 55% de las 240 instalaciones que en su conjunto reúnen los 23 principales operadores.
- Entre los cinco principales operadores emplean a un total de 6.124 empleados, lo cual supone el 64% de los 9.168 trabajadores que aglutinarían entre las primeras veintitrés operadoras.

Retos a futuro del sector concesional del fitnes:

- El fomento de la actividad física por parte del estado:

 El deporte, cuestión de Estado (1euro invertido en deporte significa 3 euros de ahorro en el sistema sanitario).
 Campañas estatales de promoción de la actividad física. (La inactividad y sus secuelas suponen un gasto de 5.000 M a las arcas del estado).

- Retos legislativos:

 Ley de contratos del sector público.
o Redacción de código de buenas conductas (AEDA ya ha promovido uno) para que se adhieran a él las diferentes administraciones públicas.
o Ley de Desindexación: Según la misma no se suben los precios en contratos menores de 5 años y en el art. 5 de la misma los costes laborales se calculan en referencia a los del personal funcionario que se aprueba en los presupuestos del estado y no tiene en cuenta los convenios del sector, lo cual es una gran incongruencia.
o Necesidad de atajar el tema de las bajas temerarias mediante una reglamentación clara y que lleva en muchos contratos por la “ambición” de la administración al naufragio de las concesiones, retrasando las obras y servicios, llevando al endeudamiento y ruina de proveedores, precariedad laboral y economía sumergida
o Licitación electrónica obligatoria.

- Retos fiscales:

 IVA: reducción del impuesto conforme a los beneficios de la actividad física en la salud: menor gasto sanitario, mejora del absentismo, aumento de la práctica deportiva.
 Modelo alemán de desgravación: que los ciudadanos puedan deducir en su declaración del IRPF los pagos por la realización de actividad física.

-    La internacionalización:

    El reto es entrar en los mercados europeos más im¬portantes. El modelo concesional español es muy exportable y legalmente factible, se trata en primer lugar de que consigamos que entiendan el modelo, sus bondades.

En definitiva, puedo decir que el sector concesional del fitness es un sector fuerte y cohesionado, con la inestable labor de la patronal FENEID y que encara estos momentos difíciles (COVID-19) con la responsabilidad y fortaleza que la ha caracterizado. Por último, hay que destacar la multitud de operaciones corporativas que se han realizado en los últimos años y las que vendrán en los próximos meses, síntoma de maduración del sector y que se ve envuelto en un proceso de integraciones como ya ha sucedido en otros sectores y también destacar el apoyo de los fondos de capital riesgo, que han puesto su ojo sobre un sector que sin duda tiene grandes fortalezas: resistencia a las crisis, ingresos recurrentes y alto nivel de profesionalidad.