El pasado mes de enero, José Palacios, coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de A Coruña, de la que es profesor titular, publicó el informe sobre los servicios de socorrismo en España. El concienzudo trabajo, respaldado hasta el día 22 de enero de 2020, directamente por 111 investigadores, docentes y profesionales de seguridad, emergencias y socorrismo de 10 países y 18 universidades diferentes, deja patente que hay mucho que trabajar en este terreno.

José Palacios. enseñando primero auxilios en un colegio

El informe arranca con un dato demoledor: en nuestro país se producen anualmente una media de 500 fallecimientos por ahogamiento. Cifras que, según valora su autor, “demuestran lamentablemente que en España no se ha desarrollado una forma eficaz y completa de organizar medidas preventivas ni se han aportado las prestaciones y servicios que se necesitan para la seguridad acuática”.  Y no pasa por alto que, a la pérdida de vidas humanas “hay que añadir el impacto negativo para la imagen de España, tanto a nivel económico como turístico”.

En su trabajo, Palacios resalta que el 90% de estas muertes se producen en zonas donde no existe servicio de socorrismo. E insiste en echar por tierra la visión de esta actividad como un gasto superfluo y eludible. Basándose en lo reflejado en otros estudios, constata que el 99,9% del tiempo de trabajo de los socorristas destinados en playas es de carácter preventivo. Y en el 99% de los casos en los que fue necesario un rescate (26.378 contabilizados en un estudio realizado en 2019 por Palacios y Costas), la persona rescatada siguió con vida.

Otro estudio (Palacios et al, 2019), cifra en 621.028 las intervenciones realizadas por socorristas (ya sean rescates o primeros auxilios) solo en playas de España con Bandera Azul durante los años 2016, 2017 y 2018. De ellas, únicamente el 1,4% (8.997) acabaron con un traslado a un centro sanitario o hospitalario. Para dar cuenta del ahorro económico que supone el disponer de un adecuado servicio de socorrismo, Palacios calcula en cerca de 200 millones de euros el gasto que a la sanidad pública acarrearía tener que atender a todas esas personas que no precisaron de ulteriores cuidados gracias al buen hacer de los socorristas.

Entre los problemas que Palacios señala para que España disponga de una mejor estructura de salvamento y socorrismo en sus zonas acuáticas de recreo, destaca el vacío legal existente, sin normativas ni a nivel estatal ni autonómico, salvo en los casos de Baleares y Canarias. También pone el foco sobre el sistema de gestión indirecta y privada al que se acogen los municipios, “casi siempre con partidas presupuestarias muy reducidas, que obligan a las empresas a realizar ofertas económicas arriesgadas, en las que apenas hay margen de beneficio y que suele traducirse en una bajada de calidad en relación al número de socorristas, sueldos, y recursos materiales de prevención, rescate y primeros auxilios”. Ligado a esto, se aprecia una infravaloración del trabajo del socorrista que conlleva a la ausencia de un convenio específico, a bajos salarios y, como consecuencia, a que “la mayoría de los socorristas acuáticos en España sean trabajadores sin vocación y sin interés en continuar en este campo laboral”.

Palacios, dirigiendo una práctica de reanimación cardiopulmonar

Para concluir, Palacios plantea una batería de medidas para paliar esta situación, encabezadas por el establecimiento de “una ‘Agenda sobre Ahogamiento’, con asociaciones entre gobiernos, comunidades, industria, sector privado y agencias públicas de salud, tal y como ya pedía la Organización Mundial de la Salud y UNICEF (2008)”. Y es que, como el autor recuerda en la introducción a su informe, la Declaración Universal de Derechos Humanos  señala en su Artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

En el siguiente enlace se puede acceder al contenido íntegro del Informe sobre Servicios de Socorrismo en España